El Ministerio económico ha intercedido en dos ocasiones en esta legislatura para frenar reformas que habrían supuesto un importante endurecimiento del trato fiscal a las grandes fortunas. Pero la actitud se cuenta ya con tradición: también en la primera legislatura y bajo mando económico de Solbes, se tramitó un perdón fiscal para las SICAV, agobiadas en ese momento por las inspecciones fiscales.

El último de los gestos del Ministerio ha llegado hace poco más de un mes. La reforma del Código Penal -publicada en el BOE el 23 de junio y que entrará en vigor el año que viene- ha acabado omitiendo un punto decisivo: el plan inicial planteaba una ampliación de cinco a 10 años de la prescripción de los delitos fiscales, tal y como llegó a reflejar el anteproyecto. Ese texto fue elaborado por el equipo económico y jurídico del Gobierno, cuyo supervisor directo es la Vicepresidencia Económica de Salgado y cuyo respaldo final debe ser otorgado por el propio presidente Zapatero. La reforma pretendía acabar con una situación un tanto peculiar como es el hecho de que los delitos fiscales en España, pese a la complejidad de su investigación, los que prescriben en un menor plazo de todo el catálogo de delitos.

Durante la tramitación parlamentaria, sin embargo, el Grupo Socialista recibió orden de retirar este punto, tal y como confirman fuentes parlamentarias. El aumento de la prescripción habría sido muy importante para poder perseguir nuevas tramas de evasión detectadas similares a la de las cuentas suizas, inmersa en una fuerte polémica por el deseo de Hacienda de practicar lo que denomina como una «regularización»; es decir, una negociación con los sospechosos de fraude para traer a España sus rentas ocultas a cambio de un trato beneficioso, es decir, una amnistía fiscal encubierta.

El anterior capítulo de esta historia tuvo lugar hace nueve meses, cuando la vicepresidencia económica de Salgado frenó otra reforma. En esta ocasión, la que pretendía eliminar las barreras al control fiscal de estas sociedades por parte de la Inspección tributaria.