Tras catorce años de instrucción comienza el juicio al presidente del Banco de Santander por el masivo fraude fiscal de las cesiones de crédito. En cualquier país democrático esta noticia sería portada de la prensa y abriria los noticiarios de televisión. Pero en España todo es diferente. El zar de la banca maneja con mano de hierro los resortes del poder mediático y no le veremos subir las escalerillas de la Audiencia Nacional.
Lo más escandaloso es que el banquero no solo cuenta con una cohorte de abogados sino que su defensa la encabeza el Ministerio Público. El Fiscal y el Abogado del Estado han recibido orden del gobierno de defender al poderoso aunque ello sea a costa de fastidiar las arcas públicas. Es probable que el juicio se detenga en una cuestión previa y los españoles veamos salir absuleto al autor del que ha sido calificado como el mayor fraude fiscal de la democracia.
A finales de los ochenta, el Banco Santander capó medio billón de pesetas de dinero negro, que provenía de fuentes financieras más o menos inconfesables, mediante la comercialización de un producto destinado a captar esa cuantiosa bolsa de dinero que circulaba fuera de los cauces legales, a cuyos dueños se aseguraba que iba a seguir siendo tan ‘negro’ como antes. De modo que, además de una alta rentabilidad y la falta de retención fiscal de los rendimientos, el banco ofrecía un plus de opacidad concretado en que Hacienda iba a seguir sin tener la menor noticia de la existencia de esos dineros, puesto que garantizaba a los clientes que nunca entregaría al Fisco la identidad de los titulares efectivos de las operaciones.
El caso es que el Santander consiguió concertar, en un tiempo récord, 42.274 cesiones de crédito por un valor total de 432.965 millones de pesetas, cantidades que en buena parte estaban depositados en otras entidades bancarias, y que obviamente sufrieron los efectos de esta competencia desleal.
Cuando el banco fue requerido por la Agencia Tributaria para que facilitara el nombre de los titulares de las operaciones respectivas, el propio Santander ofreció a esos clientes realizar falsos cambios de titularidad en las cesiones de crédito ya formalizadas, proporcionando así a la Hacienda Pública identidades falsas como titulares efectivos de las operaciones.
En concreto, el banco entregó al Fisco información falsa sobre 9.566 operaciones formalizadas que representaban 145.120 millones de pesetas. Y al mismo tiempo puso en marcha una operativa por la cual los empleados, mediante instrucciones directas de los acusados, procedieron a simular contratos mercantiles de cesiones de crédito, así como resguardos provisionales y documentación contable de diverso carácter, con el fin de aparentar que esas operaciones se habían realizado por terceras personas y no por los verdaderos titulares.
A tal efecto, no dudó en declarar como titulares de las cesiones a personas fallecidas, emigrantes no residentes en España, ancianos desvalidos, trabajadores en paro, familiares de empleados del banco, antiguos clientes que ya no mantenían relación alguna con la entidad, etcétera.
