ANTE LA ÚLTIMA REFORMA LABORAL.

El Gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de aprobar una nueva reforma laboral que fue precedida de una inmensa campaña que quiso hacernos creer que era lo más necesario que podía hacerse.

Las medidas más destacadas de esta reforma son las siguientes:

1- Se reduce el coste del despido mediante dos fórmulas: la generalización del uso del contrato de fomento del empleo -con 33 días de indemnización por año trabajado en lugar de 45 en caso de improcedencia- y el pago por el Fogasa de ocho días de esa indemnización en los contratos indefinidos.

2- Se amplía aún más el uso del contrato del despido barato al colectivo de trabajadores fijos de entre 31 y 44 años.

3- Amplía el ámbito de aplicación del despido objetivo por causas económicas que será viable "cuando se desprenda una situación económica negativa" y así poder extinguir el contrato con una indemnización de veinte días.

4- Los contratos temporales más utilizados, los de obra o servicios determinado, tendrán una duración máxima de  tres años, más otro año ampliable si se acuerda vía negociación colectiva y prevé implantar la medida del incremento de la indemnización por la finalización de los contratos temporales de hasta doce días por año trabajado.

5- Selevanta el veto a las empresas de trabajo temporal para que puedan operar en el sector público y se elimina igualmente la prohibición a las ETT para operar en el sector de la construcción, tradicional prohibición que trataba de neutralizar los peligrosos efectos de unir trabajo peligroso con contratos temporales.

6.- Se abre la puerta a las agencias privadas de colocación.

7.- Se regula la reducción de jornada como ajuste temporal.

8.- Se amplían los colectivos a los que poder contratar para la formación y en prácticas.

9.- Se debilita la negociación colectiva, permitiendo la inaplicación de los convenios en las empresas en materias como la regulación colectiva, como los salarios, el tiempo de trabajo y su distribución, horario laboral u organización del trabajo.

         En resumen: se rebajan los costes del contrato, se abarata el despido, se facilita la entrada de las ETTs en sectores que hasta ahora tenían restringidos, se flexibilizan las condiciones de trabajo (horarios, jornada, funcionalidad, sistemas de turnos y sistemas de retribución), se hace mas flexible la contratación de jóvenes  y se socava el valor de los convenios colectivos. Independientemente de las valoraciones  que se lancen al público, la postura patronal ha quedado ampliamente fortalecida.

ANTE LAS  ANTERIORES REFORMAS SILENCIADAS.

         Esta reforma laboral ha provocado la convocatoria de una huelga general por los sindicatos. Es lógica la protesta, pero ¿por qué los sindicatos han callado mientras se recortaban los derechos de los trabajadores inmigrantes, los más vulnerables?

         El fenómeno de la explotación de los inmigrantes ha sido el más destacado de las relaciones laborales de nuestro país en los últimos años. Su aportación al crecimiento económico español ha sido decisivo y, con el advenimiento de la crisis, se han dictado dos normas limitativas de sus derechos que han pasado inadvertidas al debate público, y que como partido SAIn no queremos callar:

- La Ley de Extranjería, reformada en diciembre de 2009 que atenta a los derechos humanos básicos (como el de la educación, la presunción de inocencia, la vida familiar y la vivienda. Se endurece el derecho sancionador, se sanciona la hospitalidad, se amplían los plazos de internamiento, se persigue a los menores, se intensifica la dependencia del empresario, se facilitan las repatriaciones y se dificulta el acceso a los permisos aumentando las posibilidades de incurrir en la irregularidad sobrevenida).

- Y el Real Decreto Ley 4/2008, de 19 de septiembre que aprueba el abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen. Los inmigrantes acogidos a esta medida verán limitadas sus prestaciones de Seguridad Social. No se cotiza en el plano contributivo, se extingue la autorización de residencia y no podrán concederse otras en 3 años. Si el inmigrante tiene familiares reagrupados sin autorización de residencia, independiente también la perderá. La medida también supone una renuncia al subsidio por desempleo y sus prestaciones complementarias. A esto la ley lo llama “ampliación de derechos”.

Los inmigrantes son trabajadores, pero no tienen sindicatos que salgan en su defensa.

¿QUÉ HACE FALTA?: IR EN DIRECCIÓN CONTRARIA.

         Esta reforma laboral se ha aprobado por la presión del aparato financiero y mediático que asfixia al mundo del trabajo. El suelo de esta reforma es, en nuestra opinión, la masiva difusión de mensajes mentirosos.

El primero, es el del alto coste salarial. Nuestro tejido productivo está dominado por microempresas sin negociación colectiva en gran parte de la población asalariada lo que refuerza la tendencia a los bajos salarios.

El segundoes el de que despedir es caro en España. Con la alta temporalidad existente, las indemnizaciones por despido son muy baratas pues su cálculo se hace en función de la antigüedad y ésta, en grado creciente, es muy escasa.

Otra mentira es que el paro ha sido provocado por las garantías y derechos de los trabajadores. En el año 2009, en plena recesión, se hicieron más de 13 millones de contratos temporales, y los empresarios no tuvieron especiales problemas para reducir sus plantillas, lo que llevó al desempleo a más de cuatro millones de personas. ¿Dónde está la rigidez que tanto preocupa a nuestra banca y a la prensa financiera?.

Desde el Partido SAIn denunciamos que el “socialismo”de este gobierno sueña con lograr la recuperación económica debilitando los derechos de los trabajadores y vigorizando los del capital. Creer que es posible un nuevo modelo productivo depreciando el valor del trabajo es un engaño. Este camino nos lleva, en cambio, al modelo de competir con bajos costes laborales emulando a los países del Este de Europa o China.

Es evidente que la reforma debería haber sido otra. Ésta será ineficaz como las anteriores. Es injusta pues carga sobre quienes no han provocado la crisis y sigue los postulados de quienes la provocaron. Y es inmoral porque lleva la firma de quien se puso tras una pancarta prometiendo combatirla.