A finales de abril, saltaba a la palestra el convenio suscrito entre SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo de Cantabria) y la empresa Nexian con el fin de crear un “call center” en nuestra región. El responsable de la empresa pública cántabra, Salvador Blanco, anunciaba a bombo y platillo la creación de 500 puestos de trabajo en el plazo de un año de estar en marcha dicha planta: “la implantación de esta empresa en nuestra región supondrá un avance en la consolidación de tejido empresarial, al obtener no sólo la atracción de empleo para los servicios implantados, sino obteniendo incluso la instalación en nuestra comunidad de las infraestructuras del operador telefónico” (se trata de la multinacional Orange).

            ¿Deberíamos estar agradecidos al Gobierno de Cantabria por su competencia a la hora de atraer inversiones y empleo? Si leemos más detenidamente, el perfil del puesto de trabajo es el de “una mujer de mediana edad que desarrolla una jornada a tiempo parcial, lo que garantiza la compatibilidad con la vida familiar, la académica u otro empleo”. Dicho en otras palabras, la mayoría de los 500 puestos de trabajo, no van a permitir que una familia pueda vivir dignamente al tratarse de trabajo precario y a tiempo parcial en su mayoría.

            El sector de la tele-operación se caracteriza en los últimos años por la deslocalización hacia países como Argentina, Chile o Colombia, o incluso a otras ciudades españolas; y por unos salarios vergonzosos que en ocasiones no superan el Salario Mínimo Interprofesional. El salario medio de un teleoperador rondaba en el año 2007 los 700 euros al mes por 39 horas de trabajo semanales, denunciando el sindicato UGT que la mayoría de los trabajadores no llegaba por tener jornadas inferiores.

            El gobierno regional, presidido por el PSOE y por el Partido Regionalista de Cantabria, no mira por los trabajadores cuando desembolsa a la citada empresa 70.000 euros.

David Díez,

Militante del Partido SAIn